jueves, 4 de junio de 2015

Un argumento económico a favor de la obligatoriedad de la vacunación


Uno de los problemas clásicos estudiados por la Microeconomía es el de los bienes públicos. El concepto de bien público que manejamos los economistas es un poco distinto de lo que habitualmente se entiende por él. Un bien público es un bien que tiene dos características:

- no es excluible, esto es, no se puede impedir su uso a una persona y

- no es rival: su consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad de la que los demás pueden disponer.



El ejemplo de libro de bien público es el del faro para guiar a los barcos: no podemos evitar que un barco en concreto pueda verlo y en consecuencia utilizarlo (no es excluible) y el hecho de que un barco esté haciendo uso del faro no excluye que otros puedan usarlo simultáneamente (no es rival).



Hay algunos bienes como la educación que no son propiamente un bien público (es excluible y en cierta medida es rival) pero se analiza como tal puesto que la mayor parte de países han tomado la decisión política de tratarla como tal y financiarla con dinero público.



Pero volvamos a los bienes públicos puros… estos bienes presentan un problema de cara a proveer una cantidad óptima del mismo. Veámoslo con un ejemplo:



Supongamos que mi calle es muy oscura y a todos los vecinos nos gustaría que hubiese una farola para iluminarla por la noche. Vamos a suponer que las farolas cuestan 1.000€ y somos 100 vecinos. En principio todos estaríamos dispuestos a poner una cantidad, pongamos 20€, para financiarlas. No debería haber problema para recaudar entonces los 1.000€ necesarios. Sin embargo, algún vecino puede pensar que si él no paga “a escote” el resto de vecinos pondrán su parte. El se beneficiará de la farola pero no habrá pagado nada. Mientras sólo sea un vecino el que piensa esto el problema no es muy grave… el resto pondrán un poco más y soportarán al “gorrón”. Sin embargo el número de gorrones puede ser muy superior (“si ese no paga, yo tampoco”) y en ese caso las farolas no se instalarán y todos salen perjudicados. Esta es la esencia del problema de los bienes públicos: el mercado por sí solo no es capaz de asegurar la provisión de una cantidad óptima de los mismos.



Hay diversos mecanismos para asegurar la provisión de bienes públicos (es un tema que no se resuelve en una entrada en un blog, creedme), pero hay uno de ellos bastante común: el sector público (gobierno, ayuntamiento, o asamblea de la comunidad de vecinos) decide la provisión del bien público correspondiente y recauda vía impuestos (o derramas, o cuotas) los recursos necesarios para financiarlo.



Recientemente ha surgido un caso interesante en relación a un bien público que entiendo debemos preservar. Me refiero a la inmunidad frente a la difteria, y por extensión, frente a otras enfermedades.



El problema de la inmunidad tiene dos partes. Por un lado uno puede elegir vacunarse y adquirir una cierta inmunidad individual frente a la enfermedad. Esa inmunidad individual no es un bien público, es un bien privado: es excluyente (la recibe quien se vacuna) y es rival (si una dosis de vacuna me la pongo yo no te la puedes poner tú). No todas las personas tienen la misma respuesta inmune y no todas van a quedar perfectamente inmunizadas pero el hecho de que mucha gente se vacune proporciona un efecto denominado inmunidad de grupo: si mucha gente es inmune el germen causante de la enfermedad se diseminará menos de modo que las personas no vacunadas o aquellos cuya respuesta inmune haya sido baja disfrutan de una inmunidad de grupo: no se infectarán porque la enfermedad no circula.



Las vacunas tienen un pequeño coste: la molestia del pinchazo, tal vez un poco de fiebre en algunos casos, pero su efectividad está más que demostrada y sus efectos secundarios son muy leves. El consenso científico sobre este extremo es abrumador. Sin embargo hay gente que decide no vacunar a sus hijos. Mientras estas personas sean pocas no son más que gorrones de la inmunidad de grupo, como el vecino que no quería pagar la farola. El problema es que la proporción es creciente y el bien público que debemos preservar, la inmunidad de grupo, puede correr peligro. De la misma manera que pagar impuestos no es voluntario, excepto que uno decida mudarse a otro país, la decisión de vacunarse tampoco debería serlo. Sería preferible que todo el mundo actuase de forma responsable de forma voluntaria, pero si el caso no se da, creo que el Estado debe imponer la obligatoriedad de la vacunación por el bien de todos.

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